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“Seis euros por 15 minutos con una niña”: los menores explotados de Bolivia

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“¿Tienen nuevas?”, preguntan. “De todo. Iniciantes y ‘sanitas’ [como llaman a las niñas vírgenes]”, responde el portero del local. Dentro del ‘María Mulata II’ una fila de hombres circula en orden por los pasillos de un patio. A los lados, mujeres en ropa interior esperan apoyadas en sus puertas. Tan sólo se ven siluetas creadas por las luces rojas de las habitaciones. Un ‘reggaeton’ estridente ensordece el ambiente. Abajo unos neones donde se lee “Cervecería” iluminan una barra de bar sin clientes. En una de las paredes, un pequeño televisor emite en bucle vídeos de felaciones.

Los hombres -la mayoría jóvenes– se aglomeran en algunas puertas. Ahí están las menores. Las recién llegadas suelen usar gorras y mantienen la cabeza agachada para no ser reconocidas. Delante de sus puertas se suele colocar alguno de los proxenetas, con peto rojo, para vigilarlas. En una de esos cuartos, de dos por dos metros, donde pende un fluorescente rojo en vertical en una de las esquinas y apenas cabe una cama y una mesita, encontramos a Angie.

“Al día puedo tener 25, 30 o 40 citas”, cuenta la muchacha de 16 años. Hace un año que se prostituye. Llegó de Cochabamba a La Paz con su hermana, pero ella no sabe nada. “Lo hago para pagar mis estudios en la Universidad”, justifica la menor, a quien le gustaría encontrar otro trabajo: “No me gusta acostarme con esos hombres, pero necesito la plata”.

Angie cobra 50 bolivianos (unos 6,5 euros) por quince minutos de sexo. Al día puede llegar a ganar 1.500 bolivianos (unos 200 euros), de los que tendrá que entregar una gran parte a su jefe. El prostíbulo tiene unas 40 habitaciones, siempre ocupadas. Es uno de los cerca de veinte burdeles de la calle 12 de octubre, en El Alto, a las afueras de La Paz. En esa zona se ha registrado la presencia de 240 niñas y adolescentes inmersas en el comercio sexual con un promedio de edad de 14 años y medio, según datos de la fundación Munasim Kullakita, en aimara, “Quiérete Hermanita”. La mayoría de las menores pasan un corto período en la capital para luego ser trasladadas a otras regiones del país.

A la salida de La Casa Amarilla o La Casa de los Sánchez, varios vendedores ambulantes ofrecen ‘maca’, una bebida artesanal empleada como potenciador sexual, o productos naturales para teóricamente curar la hepatitis y el VIH, así como venta de pornografía infantil y drogas. Por 10 bolivianos (cerca de 1,20 euros), las trabajadoras sexuales practican sus servicios sin usar precauciones.

Prostituidas por otras mujeres

Una indígena aimara sostiene a su bebé cerca de Uyuni, en Bolivia.

Odalis tiene 13 años y le diagnosticaron VIH recientemente. La encontramos junto a su hermano, Roger, de 11 años, y dos amigas más en una acera de La Ceja, una de las áreas nocturnas más concurridas de la ciudad. Los cuatro niños se tapan la mano con su manga y de vez en cuando se la acercan a su nariz. Están inhalando ‘clefa’, un pegamento en base a gasolina que untan en un pedazo de lana. Hablan y se mueven despacio, con la mirada ida.

Detrás de ellos, varias mujeres adultas en sujetador y faldas cortas los observan. Son las ‘tías’, las proxenetas de estos menores. Odalis acompañaba a su madre a vender en las calles por la noche. Esa situación, más la violencia que sufría en su hogar, llevaron a la menor a acceder a los ofertas de otras adolescentes hasta llegar a las ‘tías’, que la explotaron sexualmente desde los once años en las posadas de la zona. “Su padre murió hace un año y su madre la rechaza. Desde entonces, las ‘tías’ comercializan indiscriminadamente con ella y, posiblemente, su hermano. Odalis se niega a asumir que tiene sida”, cuenta Ariel Ramírez, de la ONG Munasim Kullakita, que realiza un trabajo de campo diario para hacer seguimiento de estos casos.

A medida que avanza la tarde, las vendedoras de comida empiezan a retirarse y aumenta la presencia de hombres deambulando por La Ceja. En la “calle de los chinos” -la más concurrida y peligrosa, según Ramírez-, se encienden los letreros de “alojamiento”. Su entrada está precedida por varias rejas y custodiada por un vigilante, como en el Luna Azul, donde su jefe no quiere darnos información sobre los precios del hospedaje.

A medida que avanza la tarde, las vendedoras de comida empiezan a retirarse y aumenta la presencia de hombres deambulando por La Ceja. En la “calle de los chinos” -la más concurrida y peligrosa, según Ramírez-, se encienden los letreros de “alojamiento”. Su entrada está precedida por varias rejas y custodiada por un vigilante, como en el Luna Azul, donde su jefe no quiere darnos información sobre los precios del hospedaje.

“Una vez que entras a esos prostíbulos camuflados, cierran la reja y ya no hay escapatoria”, cuenta Ariel Ramírez, quien asegura que ese mecanismo evita que la Policía pueda realizar redadas porque “hasta que abren todas las rejas, ya han sacado a las niñas”. En otras ocasiones, los agentes extorsionan a las niñas, según denuncia la ONG, con sumas de entre 100 y 200 bolivianos (12 y 26 euros). En caso de no pagar, les piden mantener relaciones sexuales. Una acusación que han confirmado otras organizaciones consultadas. Por eso, la fundación de Ramírez ha optado por presentar sus denuncias a la Defensoría del Menor, con capacidad para articular un operativo más eficiente. Esos procesos, sin embargo, “son demasiado lentos”, cuenta el trabajador social, ya que “la mayoría de veces trasladan a las menores en cuestión de días y perdemos su pista”.

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